kram El Aarrass
Hace poco más de un mes, se anunció el cierre de una residencia de mayores en Barakaldo, la Residencia Aita y Ama, no es la primera vez que aparecen escándalos y denuncias relacionados con estas. Es curioso, porque la realidad dista mucho de lo que quiere hacer ver la Diputación Foral de Bizkaia, que en febrero de este año publicó los resultados de la evaluación, donde sacaron a relucir que las familias con parientes en las residencias valoraban con un 8.06 la atención que reciben estos. Entonces, ¿dónde está el problema?, ¿son los trabajadores y familiares quienes exageran la situación?
Primero, habría que ver de qué forma y qué parámetros de evaluación ha empleado la Diputación Foral de Bizkaia, para realizar la encuesta, puesto que contrasta bastante con la realidad que se está viviendo en este sector. Desde la institución se insiste en querer recalcar que las irregularidades que se dan en las residencias son casos aislados, aunque la situación que denuncian desde los sindicatos, trabajadores y familiares dejan en clara evidencia de que se trata de un caso sistemático. En lo que llevamos de año se ha cerrado una residencia de Barakaldo y otra, la residencia Vitálitas, ha recibido varias denuncias por parte de la agrupación de familias que residen ahí. El carácter de las denuncias varía bastante, desde la vulneración de los derechos de los trabajadores, hasta situaciones inhumanas hacia los residentes o actos de negligencia. Es un problema más profundo y que al parecer se están esforzando por ignorar o silenciar, pero taparlo no evita que crezca.
Si ya de por sí el estado en las residencias de mayores era bastante crítica, tras la crisis sanitaria la situación se agravó a tal punto que se volvió insostenible. Resulta curioso, por no decir preocupante, que, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, tras más de mil muerto en las residencias vascas, no se haya tomado ninguna acción decisiva, para ver y analizar realmente qué es lo que pasó y pasa en estos lugares para actuar en consecuencia desde el ámbito institucional. Se les ha dado un margen de maniobra e impunidad que ha acarreado consecuencias como el caso de la residencia Aita y Ama.
Tengamos en cuenta que estas denuncias que llevó ELA se hicieron en agosto y hasta octubre no cerraron provisionalmente la residencia, dos meses más donde siguieron incumpliéndose derechos, sin que nadie hiciera nada. Hay que empezar a plantearse dónde dejamos nuestros mayores y en qué condiciones, porque mientras las instituciones miran hacia otro lado o intentan tapar el problema con estadísticas un tanto cuestionables, la vulneración de los derechos sigue ahí.
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